A pesar de que el tema del agua ha adquirido creciente atención, las razones de y las soluciones a la creciente crisis son motivo de intenso debate. Inicialmente la discusión estaba centrada en el tema de acceso al agua potable y su financiamiento, ahora - en el contexto del cambio climático y de la creciente crisis ambiental – se ha reforzado que es indispensable contemplar en el eje de la discusión un manejo democrático y ambientalmente sustentable que garantice el acceso a este elemento precioso a largo plazo. Esto involucra cuestionar el actual modelo irresponsable e injusto de gestión del agua. Así no sólo buscamos el reconocimiento del agua como derecho humano sino también una visión ambiental: entendemos el agua como un bien común1.
La política de participación privada
Desde principios de los años 1990 hubo un fuerte impulso a la participación privada en la provisión del agua por parte de los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Su argumento era que las empresas públicas no tenían la capacidad de inversión ni de manejo para proveer el servicio de manera eficiente. En los países latinoamericanos, como en otros, las consecuencias de estas políticas han sido tan negativas –alza en las tarifas, incumplimiento de contratos, falta de provisión en el servicio, entre otros– que han motivado un fuerte movimiento de resistencia provocando el retiro de algunas empresas privadas concesionarias del servicio.
Recientes cambios en Latinoamérica
Aunque la privatización y mercantilización del agua sigue siendo un tema importante, puede señalarse que ha cambiado el contexto en algunos países de Latinoamérica, ya que algunos de estos gobiernos han comenzado a modificar su posición respecto de la gestión del agua convencional. Incluso, puede argumentarse que en algunos de estos países existe una intención de manejar el agua con una perspectiva de justicia social y de defensa de los bienes comunes; sin embargo, existen limitaciones en estos procesos que conviene identificar y sopesar ya que los retos que se enfrentan para un manejo sustentable y democrático del agua son de gran magnitud. Las limitaciones incluyen las inercias heredadas de gobiernos anteriores, las presiones continuas de los organismos internacionales y de las empresas privadas, o los enfoques excesivamente tecnocráticos que siguen caracterizando a la gestión del agua, por citar sólo algunos ejemplos.
Soluciones contraproducentes
Durante años, se ha considerado que el problema del agua debe ser resuelto a través de la construcción de grandes infraestructuras –que implican importantes costos financieros, sociales y ambientales– cuyo proceso se basa en llevar agua limpia y sacar agua sucia de las ciudades, en asegurar grandes cantidades de agua a la agricultura (que en gran medida beneficia a grandes propietarios y empresas), y permitir a la industria utilizarla como medio para deshacerse de desechos (en América Latina sólo se trata alrededor de un 5% del agua sucia antes de devolverla al ambiente). Estas “soluciones” han demostrado en realidad ser una parte importante del problema no sólo por ser ambientalmente insustentables, sino también porque, al ser proyectos de gran escala y complejidad, las comunidades quedan marginadas para participar en ellos. Los enormes costos financieros que representan estas grandes obras de infraestructura hidráulica provocan que muchos gobiernos tengan dificultades para garantizar el servicio a toda la población, siendo las/os ciudadanos más pobres los que normalmente carecen de agua.
La participación de la ciudadanía
Por otra parte, la gestión del agua se ha caracterizado históricamente por ser un proceso opaco a los ciudadanos y ciudadanas, controlado por expertos y tomadores de decisiones que por lo general (y con muy pocas excepciones) actúan sin consultar ni dar cuentas al conjunto de la ciudadanía por sus acciones y decisiones. Los resultados de dichas formas autoritarias en la gestión del agua y sus servicios tienen muchas manifestaciones en la región, incluyendo la falta de acceso a servicios esenciales de agua limpia y saneamiento para grandes sectores de la población, la contaminación y desecamiento masivo de cuerpos de agua por el vertido incontrolado de sustancias nocivas (en el extremo, en América Latina existe una enorme lista de ríos, lagos, acuíferos subterráneos y otros cuerpos de agua envenenados, en peligro de desaparición, o que ya han desaparecido), o la permanente desprotección de la población (pero sobre todo de los más pobres) frente a catástrofes “naturales” relacionadas con la gestión del agua, incluyendo inundaciones y epidemias relacionadas con el agua.
Por esta razones, consideramos necesario promover una discusión más profunda donde se presenten las experiencias recientes y se pongan a debate los elementos necesarios par una gestión democrática y sustentable del agua. Creemos que resulta urgente – a partir de una revisión crítica del modelo de gestión actual – formular políticas y proponer prácticas que permitan un manejo sustentable y democrático del agua. Por manejo sustentable nos referimos a un aprovechamiento del agua que no ponga en riesgo los ecosistemas terrestre o acuáticos, que el consumo no exceda la capacidad de recarga, no se contaminen los cuerpos de agua y se garantice el aprovechamiento de las generaciones futuras. En cuanto al manejo democrático nos referimos a la participación directa de las personas en el proceso de toma de decisiones y en el monitoreo de los proyectos a realizar en sus comunidades, así como la corresponsabilidad ciudadana en la gestión. Esta participación debe promover la equidad de género e intergeneracional así como combatir la discriminación. Consideramos que para cambiar la gestión actual una perspectiva que reconozca el agua como bien común será de gran utilidad.
El contexto global
Finalmente, hay un contexto ambiental global que obliga a reflexionar acerca del futuro cercano del agua y de las decisiones públicas que se tomarán al respecto. La realidad del cambio climático, aunada a la incertidumbre de sus consecuencias precisas en el contexto local, obliga a pensar estrategias de adaptabilidad que atenúen la creciente crisis. En este contexto, la relevancia de cuestionar el modelo con el que se ha ido manejando el agua se hace todavía más evidente.
Por todo lo anterior, resulta relevante conocer cómo los gobiernos de Latinoamérica y los actores de las sociedad civil están enfrentado estos retos, qué obstáculos se les han presentado (políticos, financieros, sociales) para cambiar el enfoque de la gestión del agua, qué sugerencias y recomendaciones podrían hacer a otros países, cuáles experiencias han sido afortunadas y cuáles fueron los elementos clave que permitieron su desarrollo. Todo esto con el propósito de seguir un proceso para visualizar alternativas viables, sustentables y democráticas que permitan una gestión del agua en beneficio de las personas en armonía con la naturaleza y no en beneficio de intereses particulares.
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1 Entendemos por bien común un elemento de gestión colectiva que puede ser natural o socialmente construido. Esta gestión colectiva y democrática necesita garantizar el acceso equitativo, el beneficio colectivo y el manejo sustentable del recurso. Estos bienes comunes pueden ser el agua, la biodiversidad, los recursos genéticos, el conocimiento, etcétera. Para mayor información relativa al concepto se recomienda consultar: HELFRICH, Silke. “Genes, Bytes y Emisiones: Bienes Comunes y Ciudadanía”. Editado por la Heinrich Böll Stiftung. México, 2008.
